El Reino Unido está iniciando un importante cambio en la regulación de la seguridad de los productos y la determinación de responsabilidades cuando algo sale mal. Durante muchos años, la Ley de Protección de los Consumidores de 1987 fijó los límites de las reclamaciones por productos defectuosos, y ese marco básico sigue vigente. Lo que está cambiando -y cambiando rápidamente- es el entorno normativo que lo rodea: quién es responsable de conservar la información, qué pruebas deben existir y qué empresas están obligadas a cooperar cuando un defecto provoca pérdidas.
Dos novedades son las más importantes. Irlanda del Norte ya ha aplicado el Reglamento General de Seguridad de los Productos de la UE (RGPD de la UE), que entró en vigor en diciembre de 2024 y representa uno de los regímenes de seguridad de los productos más modernos y completos de Europa. Gran Bretaña, por su parte, ha aprobado la Ley de Regulación de Productos y Metrología de 2025 (PRMA), que sienta las bases para un enfoque similar, especialmente en relación con los productos digitales, conectados y habilitados para IA.
Aunque diferentes en su estructura, ambos marcos empujan al Reino Unido en la misma dirección: mayor trazabilidad, una cadena de responsabilidad más clara y expectativas mucho más altas en relación con las pruebas. Para los investigadores forenses, las aseguradoras y los especialistas jurídicos, esto significa menos puntos ciegos y un panorama probatorio mucho más sólido.
Una nueva realidad: qué aporta la normativa
El RGPD de la UE incorpora a la normativa plataformas en línea, centros de distribución y otros intermediarios antes "invisibles". Los mercados deben verificar quién vende los productos, llevar registros, apoyar las retiradas y garantizar que los consumidores sepan quién está detrás del producto. Los proveedores de servicios de entrega pueden incluso convertirse en "operadores económicos responsables" cuando no sea posible identificar al fabricante o importador original.
Otro cambio importante se refiere a la documentación. Según el GPSR, la información técnica sobre un producto debe conservarse durante diez años. Esto incluye las evaluaciones de seguridad, los historiales de actualización y la información necesaria para confirmar de dónde procede el producto y cómo entró en la cadena de suministro. Se reducen así las lagunas que suelen dificultar las investigaciones, como la falta de etiquetas, la procedencia poco clara o los importadores ilocalizables.
PRMA 2025 lleva al Reino Unido en la misma dirección. Se trata de una ley de habilitación más que de un código normativo acabado, pero su propósito está claro: las futuras normas abarcarán los productos basados en software, los riesgos relacionados con la IA, los mercados en línea y el etiquetado digital. Definirán cómo se captura y comparte la información a lo largo del ciclo de vida del producto. A medida que estas medidas entren en vigor, Gran Bretaña reflejará cada vez más la trazabilidad y la responsabilidad que se esperan del GPSR.
Por qué es importante para la investigación forense
El trabajo forense siempre ha dependido de la calidad y disponibilidad de las pruebas. En escenas de incendios o casos que implican graves daños térmicos, los productos suelen perder toda identificación, lo que dificulta -a veces incluso imposibilita- determinar quién fue el responsable.
El nuevo entorno normativo cambia esta dinámica. Ahora que los mercados en línea y los servicios de entrega se reconocen formalmente como parte de la cadena de suministro, los investigadores tienen acceso a nuevas formas de información más allá de la escena física: los datos de la plataforma, los registros de cotización, los registros de almacén y los historiales de retirada pueden ayudar a identificar el origen de un producto, incluso cuando el objeto en sí es irreconocible.
Este cambio es especialmente significativo a medida que los productos se vuelven más digitales. Los fallos modernos tienen que ver cada vez más con el comportamiento del firmware, las interacciones de los sensores, los problemas de conectividad o los sistemas de gestión de baterías. PRMA 2025 reconoce explícitamente estos componentes intangibles, lo que significa que las futuras normativas exigirán una documentación más detallada de las actualizaciones de software, el comportamiento del sistema y las evaluaciones de riesgos. Para los investigadores, esto supone una base de pruebas más rica para establecer la causalidad, tanto si el fallo fue mecánico, eléctrico o digital.
La combinación de pruebas físicas y digitales refuerza la fiabilidad de las conclusiones forenses y reduce el número de casos que concluyen con respuestas poco claras.
Qué significa para el cobro y los litigios
La vía legal para las reclamaciones por productos defectuosos en el Reino Unido sigue siendo la Ley de Protección de los Consumidores, pero la dinámica práctica en torno a los litigios está evolucionando. El refuerzo de los requisitos de documentación, unas responsabilidades más claras en la cadena de suministro y la inclusión formal de los intermediarios digitales hacen que las reclamaciones que antes se paralizaban por falta de pruebas sean ahora mucho más viables.
Donde antes los casos fracasaban porque no se podía identificar a un fabricante o porque un importador había desaparecido de la cadena de suministro, el nuevo entorno normativo reduce considerablemente esa incertidumbre. Es más probable que los demandantes tengan acceso a la información necesaria para determinar quién comercializó el producto y quién es responsable de su seguridad.
Este cambio tiene un impacto directo en la recuperación. Amplía el abanico de partes a las que se puede perseguir, aclara las obligaciones que se deben dentro de la cadena de distribución y refuerza la base fáctica sobre la que se puede argumentar la responsabilidad. Como resultado, las aseguradoras pueden esperar menos callejones sin salida en las acciones subrogadas y una mayor probabilidad de que se encuentre a las partes responsables.
La divergencia entre el sistema de Irlanda del Norte, alineado con la UE, y el régimen emergente de Gran Bretaña, basado en la PRMA, también crea oportunidades estratégicas. Los productos que entran en el Reino Unido a través de NI ya conllevan obligaciones de trazabilidad más estrictas, que pueden apoyar las solicitudes de divulgación o la creación de casos en litigios que surjan en otros lugares del Reino Unido. A medida que estos marcos sigan evolucionando, los equipos jurídicos utilizarán cada vez más las obligaciones reglamentarias como parte de la estrategia de recuperación.
EFI Global y Sedgwick Legal Services: coordinación de conocimientos técnicos y jurídicos
A medida que la trazabilidad mejora y las pruebas se enriquecen, el vínculo entre la investigación técnica y el análisis jurídico adquiere aún más importancia. El trabajo forense de EFI Global identifica cómo falló un producto y dónde puede residir la responsabilidad, mientras que Sedgwick Legal Services (SLS) se basa en esos hallazgos para evaluar la responsabilidad, dar forma a las estrategias de recuperación y guiar los siguientes pasos.
Trabajar juntos en las primeras fases de un caso ayuda a garantizar que las cuestiones técnicas se entiendan correctamente, que se conserven las pruebas importantes y que los argumentos jurídicos reflejen lo que los hallazgos técnicos demuestran realmente. Este enfoque coordinado ofrece a las aseguradoras una visión más clara y contribuye a una progresión más fluida desde la investigación hasta la recuperación.
Estudio de caso: cómo funciona en la práctica
Un caso reciente ilustra cómo funciona esto en la práctica. Tras el incendio de una vivienda, la investigación forense de EFI Global descubrió que el origen estaba en un aparato de calefacción doméstico. El investigador identificó un defecto eléctrico en el conjunto de control del producto, consistente con un problema de seguridad emergente. Las comprobaciones de la cadena de suministro confirmaron el fabricante y el propietario de la marca, pero sólo se disponía de información limitada sobre la retirada del producto, por lo que el panorama probatorio era menos claro que en los casos habituales.
Con el consentimiento de la aseguradora, el experto de EFI Global colaboró estrechamente con los Servicios Jurídicos de Sedgwick para aclarar los hallazgos técnicos, abordar las lagunas probatorias y construir un caso sólido y jurídicamente defendible. Esta colaboración permitió a SLS presentar una demanda contra ambas entidades en virtud de la Ley de Protección de los Consumidores y, en última instancia, obtener una indemnización.
Este ejemplo muestra cómo un mejor acceso a los datos, una mayor trazabilidad y un trabajo técnico-jurídico coordinado pueden conducir a resultados positivos, incluso cuando las pruebas disponibles son incompletas o están aún en fase de desarrollo.
De cara al futuro
La normativa sobre seguridad de los productos en el Reino Unido está evolucionando hacia un modelo impulsado por los datos, los componentes digitales y la trazabilidad a través de cadenas de suministro cada vez más complejas. El GPSR de la UE representa este cambio en su totalidad, mientras que el PRMA 2025 alineará gradualmente a Gran Bretaña.
Para los investigadores, las aseguradoras y los profesionales del derecho, este marco en evolución significa mejores pruebas, una rendición de cuentas más clara e índices potencialmente más elevados de recuperación con éxito. Las organizaciones que se adapten pronto, sobre todo en lo que respecta a las pruebas digitales, los riesgos relacionados con el software y las nuevas responsabilidades de la cadena de suministro, estarán bien posicionadas para gestionar las reclamaciones y obtener resultados justos.
EFI Global y Sedgwick Legal Services siguen colaborando para ayudar a los clientes a prepararse para este nuevo entorno, combinando la visión forense con la estrategia jurídica en un panorama en el que las pruebas ya no se limitan a lo que se encuentra sobre el terreno, sino que se extienden a lo largo de todo el ciclo de vida digital y físico de un producto.
Para más información, póngase en contacto con Tim James, [email protected]